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Artículos sobre temas legales

Contenido sobre el mundo jurídico hecho por abogados que te ayudarán a entender temas legales.


  • Tema: Laboral April 13, 2014 por Pedro Banús Ferrer

    Los derechos laborales de un cuidador

    Marta (un nombre por supuesto ficticio) es, todavía a día de hoy, auxiliar geriátrica. Un trabajo duro pero que realiza con devoción y pasión, solo así se explica cómo alguien puede disponer de la fuerza física, mental para diariamente ayudar a personas dependientes a levantarse por la mañana, a asearse, a tomar su medicación, etc hasta concluir su jornada laboral, metiéndolos en la cama. Hoy, insistimos, Marta trabaja en uno de los complejos asistenciales más grandes de España, cuyo lema corporativo es (y tiene gracia) “cuidamos personas”. - En efecto. (argumenta Marta) “Es una empresa implantada a nivel nacional con un volumen de facturación entre 50 y 100 millones de euros/ año y con un número de trabajadores superior a 12000 profesionales, encontrandose entre las 3.000 primeras empresas de España y las 25 primeras del sector…” Marta, trabajadora fija en plantilla desde 2006, recibió en 2013 una carta de despido donde se argumentaba un descenso de la productividad de la compañía, se trata, por tanto, de un despido por causas objetivas o mejor dicho muy muy objetivas, como por ejemplo descenso de la demanda de más de un 14%, descenso, argumenta la compañía, que se ha producido de manera generalizada en todo el país y más concretamente, mira por donde, en el centro dónde trabaja Marta. No es cuestión de caer en una retórica fácil pero hay que decir que Marta está casada tiene dos niños pequeños y su marido está en el paro. Lo que sí es significativo es que durante el período en el que Marta presta sus servicios en esta empresa fueron despedidos dieciséis trabajadores fijos más mientras diez eventuales fueron contratados. Una tarde Marta vino al despacho para encargar nuestros servicios. Durante el proceso judicial requerimos a la parte demandada para que aportara documentos justificativos tales como certificado de vida laboral de la empresa y TGSS donde constaban todas las altas y bajas que se produjeron durante el año. Un proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La parte demandada no aporta estos documentos. Consecuencia: la empresa es condenada, tanto en primera como en segunda instancia y Marta es readmitida, habiéndole de pagar todos los salarios devengados desde el despido hasta la publicación en firme de la sentencia, que se produce bien adentrado el año. ¡Genial! Marta conserva su puesto de trabajo y podrá seguir cuidando a los abuelitos residentes, dándoles la medicación, etc. Pero, hagamos un pequeño inciso, Marta nos cuenta, en esta misma sala desde dónde estoy escribiendo este artículo, como cuidaba a SUS pacientes, qué cosas había que considerar a la hora de tratar con una persona mayor, movilidad, deglución, etc. Cuáles eran a su entender las situaciones de riesgo, a la hora de ducharse por ejemplo, a la hora de comer. Cómo había que evitar, a toda costa, caídas inoportunas. Marta nos mostraba su preocupación por la forma de entender y ejecutar el cuidado de los pacientes que algunos de los nuevos contratados solían ejecutar. Prisa, mucha prisa “hay que acabar cuanto antes decían” constantemente había equivocaciones con la medicación y más de un susto por no esperar a que el abuelo de turno tragara la comida para ponerle otra cucharada en la boca. Todo ello, presuntamente y tal como nos comentó Marta, siguiendo las directrices de la empresa cuyo lema corporativo tan divertido era, recordemos, el “cuidamos personas”. Sí, no mienten en el mismo pero obvian conceptos tan importantes como las prisas impuestas, los bajos salarios, los errores de medicación, etc. Por tanto, resulta fácil llegar a la conclusión de que las intenciones de la empresa no eran otras que substituir una parte importante de la plantilla fija por otros trabajadores eventuales, con tal de aligerar los costes salariales, entre otros objetivos dejando lo de la “calidad asistencial” en un término (objetivo) residual. Esta historia no es una historia excepcional sino todo lo contrario es el día a día del mercado laboral. Nos alejamos de la prosa para analizar desde un punto de vista jurídico las tres posibilidades de despido objetivo: A efectos de los dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido: “la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción…” ¿No es esta una manera de encubrir el despido libre? Primero se toma la decisión de prescindir de un/os trabajadores/as fijos/as, después se justifica tal despido exponiendo causas económicas, organizativas o de producción… por supuesto objetivamente. Maquillando, componiendo, arreglando datos objetivos, mediante balances, gráficos e informes internos. Y ya está. A ver si callan, no se dan cuenta, a ver si “cuela”, a ver si… No sería necesaria una ley del despido mucho más concreta y explícita. Exponiendo clara y distintamente los eventuales motivos de un eventual despido…. La consecuencia de todo ello es la extrema vulnerabilidad en que queda el trabajador por cuenta ajena, y mucho más todavía aquel que, como nuestra clienta, ya tiene edad y experiencia suficientes como para incitar al despido. Todo ello ante una fuerza de trabajo joven y sin esperanza, dispuesta a casi todo por casi nada. ¿Es esto lo que necesitamos ahora? Pues claro que sí, esto es lo que necesitamos ahora, que las grandes empresas en detrimento de del trabajador por cuenta ajena, del trabajador autónomo y de las pymes (que no tienen los medios suficientes para hacer lo mismo) puedan verse libre del excedente de mano de obra, reducir costos y así incrementar beneficios. Sí, esto es lo que necesitamos ahora, desequilibrar la balanza entre fuerza de trabajo y fuerza inversora. Creo que todos somos víctimas de una política económica desbocada como si estuviéramos montados en un caballo sin bridas ni riendas del que no podemos bajar cabalgando directamente hacia el desastre. (leer todo)
  • Tema: Penal April 3, 2014 por RESPONSEA

    Dudas sobre Antecedentes Penales: cómo solicitar un certificado.

    <p><strong>¿Para qué sirven?</strong> <br /> Los certificados de Antecedentes Penales sirven para averiguar si una determinada persona tiene antecedentes penales o no. Dicha información se genera cuando se comete un delito, detallando la falta por la cuál ha sido condenado y la sentencia condenatoria.</p> <img width="100%" height="200" class="artimg" title="Certificado de Antecedentes Penales" alt="Certificado de Antecedentes Penales" src="/show_imagen_articulo?id=9" itemprop="image"> <p><strong>¿Quién lo puede solicitar?</strong><br /> La única persona que puede solicitar un certificado de antecedentes penales es el propio titular o un representante legal autorizado, es decir, Abogados, Procuradores, Diplomados Sociales y/o Graduados Sociales que por motivos profesionales requieran de tal información cuando estén ejerciendo actividades directamente relacionadas con su profesión. En el caso de menores de edad se ha de presentar el Libro de Familia y demostrar el parentesco con el menor.<br /> Como es lógico para este tipo de documentación se tiene muy en cuenta la protección de datos, por lo que no se puede acceder a la información de una persona ajena. <br /> El certificado de antecedentes penales no es necesario para obtener un permiso de residencia o nacionalidad, ni para optar a un puesto de trabajo, sólo la policía en procesos de investigación tiene acceso a los antecedentes penales de un ciudadano o juzgados tras solicitud del juez en funciones.<br /> Por otro lado, es habitual que se requiera la información sobre antecedentes penales en algunos sectores profesionales, como para formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o para pertenecer a Colegios profesionales tales como los de los Médicos y los Colegios de Abogados.<br /> Transcurrido un tiempo, siempre dependiendo del delito y la pena recibida (grave, menos grave o leve), los antecedentes se borran automáticamente bajo el principio de Reinserción que contempla la Constitución Española.</p> <p><strong>¿Dónde solicitar los antecedentes penales y qué documentación presentar?</strong> <br /> Para solicitar un certificado de antecedentes penales basta con acudir a las dependencias del Registro Central de Registros y Penados de la provincia española en la que se resida y entregar el modelo 790 que se puede descargar gratuitamente de la web del <a href="http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html" target="_blank">Ministerio de Justicia</a>. </p> <p>Junto con el citado modelo 790 es obligatorio presentar el Original o fotocopia compulsada del DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, Carnet de conducir o documento de identificación comunitario o documento que sea equivalente, siempre en vigor, de la persona que solicita la certificación. Los inmigrantes que residan legalmente en España, deberán presentar el Número de Identificación de Extranjeros (NIE), y rellenar el impreso que se facilita al efecto. <br /> Es necesario justificar el pago de la tasa correspondiente para dicho trámite que en estos momentos está estipulada en 3,66€ </p> <p>Si tienes alguna duda sobre tu situación y necesitas asesoramiento legal, no dudes en preguntarle a un experto en temas legales como los que encontrarás en <a href="https://www.responsea.com/">Responsea</a>. </p> (leer todo)
  • Tema: Fiscal April 3, 2014 por Marc Marsal Collado

    El “céntimo sanitario” declarado contrario a la normativa europea

    El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) –conocido popularmente como “Céntimo sanitario”- fue un impuesto indirecto que gravó las adquisiciones de determinados carburantes (ej. Gasoil o gasolina en el transporte terrestre, gasóleo de calefacción etc.) en el periodo comprendido entre 2002 y 2012, ambos años inclusive. El indicado impuesto se instauró como un tributo que las CCAA podían aplicar para sufragar el gasto por sanidad, de ahí el nombre popular de “céntimo sanitario”. El gravamen osciló, atendiendo a la suma de los tramos autonómico y estatal, y según el periodo en cuestión y la CCAA, entre 2,4 y 7,2 céntimos por litro. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en reciente sentencia del pasado 27 de febrero de 2014, ha declarado que la normativa que regulaba el “céntimo sanitario” se opone a la Directiva 92/12/CEE. De acuerdo con el art.3.2) de la citada Directiva, el cual es aplicable a escala comunitaria, los productos objeto de impuestos especiales podrán ser gravados por otros impuestos indirectos como el IVMDH, si dicho gravamen tiene una finalidad específica, y además respetan las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto. El TJUE entiende que el “céntimo sanitario” no cumple con los indicados requisitos. Los antecedentes de la citada sentencia son los siguientes: Transportes Jordi Besora, una empresa de transporte de mercancías establecida en Cataluña, solicitó una devolución de los ingresos indebidos en concepto del IVMDH, en relación con los ejercicios fiscales comprendidos entre 2005 y 2008 al considerar dicho impuesto contrario a la Directiva. Dicha devolución fue desestimada por la Administración Tributaria. Asimismo, en relación con la misma cuestión y ya en sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esté tribunal planteó cuestión prejudicial al TJUE en relación con la posible incompatibilidad del IVMDH con el artículo 3.2) de la Directiva sobre los impuestos especiales. El pasado 27 de febrero el TJUE falló en el sentido arriba indicado. <h2>¿ES POSIBLE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL CÉNTIMO SANITARIO?</h2> Efectivamente. En primer lugar nos referiremos a aquellas liquidaciones que no sean firmes, o que no estén prescritas. Nos estamos refiriendo, en la mayoría de los casos, al “céntimo sanitario” que fue soportado en los años 2010, 2011 y 2012. El contribuyente que hubiera soportado este impuesto en los indicados periodos y que dispusiera de la debida justificación documental, podrá solicitar su devolución a la Administración Tributaria mediante el oportuno procedimiento administrativo. A partir del 20 de abril de 2014, de no realizarse ninguna actuación, podrían prescribir las cuotas correspondientes al primer trimestre de 2010. En cuanto a los ejercicios prescritos, en la mayoría de los casos por el periodo comprendido de 2002 a 2009, ambos años inclusive, en opinión de nuestro despacho podría igualmente existir la posibilidad de solicitar indemnización por responsabilidad patrimonial. <h2>¿A QUIEN PUEDE INTERESAR ESTA CUESTIÓN?</h2> La devolución del “céntimo sanitario” puede ser reclamada tanto por particulares, profesionales, autónomos, empresas o cualquier tipo de entidad que haya soportado el indicado impuesto por la adquisición de carburantes y que conserve la oportuna justificación documental. Particularmente, por la posible importancia de la cantidad a devolver, recomendamos especialmente solicitar la devolución a cualquier empresa o autónomo que haya incurrido por razón de su actividad en importantes volúmenes de gasto en combustible en el periodo comprendido entre 2002 y 2012, ambos años inclusive. <i><font size=1 color="gray">La presente nota informativa tiene carácter general, no pudiéndose considerar en ningún caso asesoramiento legal o fiscal. Ni el despacho Marsal Rubio ni sus profesionales aceptarán responsabilidad alguna que pudiera derivarse de cualquier acción u omisión realizada en virtud de la presente nota. Para recibir asesoramiento aplicable a su caso concreto rogamos contacten personalmente con nuestro despacho.</font></i> <IMG class="artimg" SRC="https://www.responsea.com/resources/images/marsal-rubio-encabezado.png" ALT="Marsal Rubio Abogados y Asesores Tributarios"> (leer todo)
  • Tema: Inmobiliario April 3, 2014 por Pedro Banús Ferrer

    La soledad del abogado parando un desahucio

    Acabamos de despedir a nuestro cliente, el señor X, con una media sonrisa, con cierto temor… Le hemos dejado en la puerta, nos hemos despedido hasta mañana. Tenemos en buena consideración a nuestro cliente, afectado por una maldita hipoteca que no puede pagar. El señor X es pakistaní, solo habla correctamente urdu, pues en la cocina donde trabaja de sol a sol 7 días a la semana no tiene trato con gente de aquí. Su mujer y sus seis pequeños están en casa, esperándole.<br> <h2>Un préstamo injusto</h2><br> El aplastante e indigno préstamo fue suscrito por él y por Ibercaja, hace unos cuantos años, a tipo de interés variable, la cantidad mensual exigida ahora es muy superior a la que empezó pagando. El señor X es cocinero, juzgo que debe cocinar muy bien, pero su sueldo no puede cubrir, ni de lejos, el montante hipotecario. El valor del préstamo es de casi 400.000€ por un minúsculo y antiquísimo piso mal ventilado en el Raval. Hoy nadie pagaría ni una cuarta parte. Y es que el señor X no sabe de TAEs ni de tipos de cambio… a penas habla español. Me he fijado cuando se ha dado la vuelta… lleva un agujero en los pantalones. Mi media sonrisa se acentúa. El señor X es un hombre honesto. Nosotros tememos por él, por su familia. ¿Cómo explicarle al señor X que la legalidad y la justicia no tienen por qué ser equivalentes? Qué firmó un contrato y lo tiene que cumplir. Que le quitarán el piso mañana por la mañana y les dejarán en la calle a él y a su familia. Que es en su país donde predomina la ley del más fuerte, que aquí no, ni hablar, aquí impera la ley, la justicia, la ética, la bondad, la protección del más débil… Sí, fue aquí en Europa, en Grecia, donde nacieron estas palabras, no allí, que si ha venido hasta aquí es para encontrar justamente eso, JUSTICIA. <h2>Con la ley en la mano</h2> Nosotros, abogados de Barcelona, de Europa… herederos de la Grecia clásica donde nacieron estos conceptos… ¿vamos a aplicar la ley?, ¿vamos a desahuciarles, sin piedad, enarbolando el maldito préstamo hipotecario fraudulento como bandera de la justicia que han elaborado unos pocos para favorecer los oscuros intereses de unos pocos? Nos presentamos el día convenido ante la puerta de su casa. Aparecen secretario judicial, policía, cerrajero… y claro, como no, el representante del banco. Todos con prisa, mucha prisa. <i>“A ver, a ver… dónde está ese piso que lo abrimos…”</i> Nosotros enarbolamos nuestros viejos libros de texto, de cuando estudiábamos en el “cole”: oiga, oiga, que la justicia proviene de la polis, de la ciudad, de la comunidad. Que sin la comunidad ni la ciudad, el concepto de justicia no tendría sentido. Oiga, oiga, que la justicia consiste en dar a cada uno lo que es suyo. Oiga, oiga, que implica una IGUALDAD EN PROPORCIÓN de lo que se da y recibe. Oiga, oiga… <i>“Abra paso, no se interponga…”</i> Al final conseguimos parar el desahucio por un tecnicismo sin importancia, sin ninguna importancia… El juzgado había olvidado llamar a los servicios sociales, porque total, ¿a ellos que les importa si ocho personas, entre ellas seis menores, pasan la noche en al raso? <i>“Si nos fuera a importar no viviríamos, oiga... … Pero volveremos… Con lo que haga falta, pero volveremos…”</i> Marchan en tropel, tal y como han venido, el cerrajero, el secretario judicial, la policía… todos enfadados. El señor X saca del agujereado pantalón un billete para pagarnos. Nos abraza. Hoy este abogado se siente más solo que nunca. (leer todo)
  • Tema: Laboral April 3, 2014 por Pedro Banús Ferrer

    Juicio por despido improcedente contra H&M

    En ocasiones la profesión de abogado nos conduce a casos y/o situaciones que merecen nuestra atención y reflexión sobre múltiples aspectos. En lo relativo al caso que a continuación vamos a comentar nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre el sentido de la proporcionalidad y la medida, basándonos en la resolución, favorable para mis defendidos, del Juez Jiménez-Asenjo del Tribunal Superior en la que impugna la sentencia previamente dictada por el Juzgado Social 10 de Barcelona, donde yo defendí a un chico y una chica vendedores de <b>H&M</b>. Pues bien, el <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA</b>, nos da la razón. <b>Los hechos acontecidos son los siguientes:</b> Un buen día la mencionada empresa decidió abrir las taquillas de todos sus empleados, encontrando, en dos de ellas, marihuana en pequeñas cantidades, lo que comúnmente se conoce como “para consumo propio”. Los dos empleados fueron despedidos “de una tacada”. La sentencia del juzgado 10 se ampara en los artículos 25.1 de Seguridad Ciudadana que dice: <i>“Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos así como la tenencia ilícita aunque no esté destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas siempre que no constituya infracción penal así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.”</i> De esta forma, la conducta de nuestros clientes fue considerada inmediatamente como falta grave. Y en el Estatuto de los Trabajadores, Decreto Legislativo 1/1995 54.2 establece: <i>“Con causa de despido… la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.”</i> Ahora convendría recordar la definición de proporcionalidad del Diccionario: <i>“Dos hechos está directamente proporcionados cuando están ligados a otro de tal forma que uno crece cuando crece el otro.”</i> ¿Creéis verdaderamente que los dos hechos son proporcionales? ¿El hecho número 1 - Tener una pequeña cantidad de marihuana en una taquilla para uso propio - y 2 - El despido procedente inmediato - , teniendo en cuenta que no ha sido probado el hecho de repercusiones negativas en su trabajo por tal consumo? <b>Primera reflexión:</b> ¿Qué es lo que se está juzgando aquí? ¿La tenencia ilícita de sustancias tóxicas o el rendimiento en el trabajo? Un deterioro del rendimiento habitual en el trabajo sí que justificaría el despido, ¡¡pero no es el caso!! ¿No está el Magistrado Sr. Emilio García del Juzgado 10 efectuando un juicio MORAL? ¿No está mostrando un claro prejuicio contra los consumidores de marihuana y, basándose en este prejuicio, redacta una sentencia contraria a los intereses de dos trabajadores cumplidores y eficientes? Señores, ¿dónde se deben dejar en casa los prejuicios antes de ir a trabajar? ¿Podríamos defender, nosotros los abogados, a pederastas, asesinos confesos, violadores reincidentes…? ¿Podríamos si no lo hiciésemos? ¿Dónde está la profesionalidad de nuestro cuerpo jurídico que se muestra en sentencias como ésta? Una cosa es la correcta aplicación de las leyes, por lo que han de velar nuestros jueces y magistrados, y otra es la sanción moral por la que deben velar clérigos, moralistas y profesores. Mal vamos cuando se confunden los papeles y el juez quiere hacer de moralista o aleccionador. No quiero decir nada de la actitud de la empresa H&M quien, debido a un contexto de crisis generalizada, despide a dos trabajadores, sin ninguna razón, intentando ahorrarse dos indemnizaciones compensatorias. Desgraciadamente esta conducta está demasiado generalizada como para poder decir nada al respecto. Es evidente que los dos trabajadores tampoco merecen un premio, ni una palmadita en la espalda, ni nada parecido. Pero de las consecuencias de esta conducta no se deben dar explicaciones a nadie más que a sí mismos… ¡y a sus médicos! <b>Segunda reflexión:</b> El magistrado se encuentra por un lado los hecho judicializables, y por otro las leyes. ¿Cómo y bajo qué criterio los debe casar? A esta cuestión nos responde el magistrado Enrique Jiménez-Asenjo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya mediante la sentencia 232/2014. <i>“La valoración de la conducta sancionable ha de hacerse con criterio individualizador y gradualista en cuanto se ha de conocer la singularidad del caso, valorando las circunstancias concurrentes y sus peculiaridades, con especial relevancia del factor humano o personal y a través del examen individualizado de cada caso ha de pretenderse lograr una plena coherencia y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, ya que toda falta admite matices y graduaciones…”</i> Y de esta forma invalida la aplicación de la sentencia del Juzgado Social 10 de los prejuicios de su señor magistrado. Qué fácil sería la aplicación de las leyes sin haber de tener en cuenta el “factor humano”. No necesitaríamos jueces por ser nada más que máquinas, a quien introduciendo ciertos “inputs” nos dirían lo que se ha de hacer. A tal hecho reprobable le corresponde tal pena y se acabó. Pero para ser juez se necesita algo más. Yo no lo podría decir mejor que el Sr. Jiménez-Asenjo: coherencia, adecuación… Y SENTIDO COMÚN. La interpretación de la ley, tarea ineludible de los jueces y magistrados se debe basar en una hermenéutica propia, procedimiento que se aprende en la escuela de jueces. Pero la valoración de los hechos necesita algo más, que no se aprende en la escuela de jueces. Señores, este no es el primer caso de aplicación desproporcionada de la Ley que este despacho se encuentra. Por suerte tampoco es la primera sentencia que ganamos del Tribunal Superior de Justicia corrigiendo a jueces moralistas que hacen de profesores y clérigos. (leer todo)
  • Tema: Penal April 3, 2014 por Pablo Romero Bedate

    Sustitución o suspensión de la ejecución de la pena

    A menudo nos encontramos en el ámbito del proceso penal con una sentencia condenatoria que impone al acusado una pena que no supera los dos años de prisión. En este punto, la pregunta que se le formula al letrado no es otra que, si esa pena impuesta, finalmente llegará a ejecutarse. En términos llanos. Si se va a entrar o no en la cárcel. Es en este momento, cuando el Juzgado decide si debe proceder a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, o la sustitución de la misma por trabajos en beneficio de la comunidad o por multa. Elegir entre una opción u otra no carece de importancia, de hecho en mi opinión, su elección es fundamental y ya adelanto que siempre que se pueda optar por ambas, el penado debería elegir la sustitución de la pena. Más incómoda sin duda, ya que habrá que pagar si se tienen medios económicos para ello, o realizar los llamados trabajos sociales en la medida y durante el tiempo establecido. Pero implica un riesgo mucho menor por las siguientes razones: A) REQUISITOS Pues bien, en primer lugar es necesario establecer brevemente cuales son los requisitos necesarios para poder optar por alguna de las formas que evitan el ingreso del inculpado en prisión. Ha de tratarse siempre de <strong>penas inferiores o iguales a los dos años de prisión</strong>. Una pena de dos años y un día, implica salvo ocasiones excepcionales, el ingreso efectivo en el Centro Penitenciario. En segundo lugar, <strong>se ha de carecer de antecedentes penales</strong>, por lo menos si se quiere optar a la suspensión de la pena. En caso de existir antecedentes sin cancelar, esta opción queda cerrada y solo podríamos intentar la sustitución por multa o trabajos sociales. Por último, y no menos importante, para la concesión de ambos beneficios <strong>es necesario que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles</strong> derivadas del delito (a no ser que se declare por el Juzgado la insolvencia del reo y su imposibilidad de hacer frente a las responsabilidades económicas). Claro que, por ejemplo, la sustitución de la pena exige que el inculpado demuestre un patente ánimo reparador del daño causado por el delito cometido, para su concesión. En definitiva, se trata de averiguar si la persona condenada es merecedora de una segunda oportunidad. Si el sujeto tiene peligrosidad criminal, o si por el contrario el delito proviene de una situación excepcional y sus propias circunstancias sociales, familiares o laborales exigen que no se produzca la ruptura a veces irreversible con todas ellas que el ingreso en prisión sin duda provoca. B) SUSPENSIÓN O SUSTITUCIÓN Una vez que nos hemos cerciorado de la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 80 y siguientes del Código Penal que brevemente he expuesto, se trata como ya adelantabamos, de decidir entre un beneficio u otro. La suspensión implica el no cumplimiento de la pena, eso sí, <strong/>condicionada a que durante un plazo no inferior a dos años no se cometa delito alguno</strong>. Si se cumple este presupuesto, al cabo del transcurso del tiempo de suspensión establecido, se produce la remisión de la pena, como si la misma se hubiera cumplido en prisión. La sustitución por el contrario implica que <strong>se abone una cantidad de dinero</strong> por cada día de prisión que se sustituye, o bien, que <strong>se realicen trabajos en beneficio de la comunidad</strong> cuya duración depende asimismo de la pena impuesta. Como antes decía, esto implica una carga más difícil de superar. Mientras que con la suspensión el sujeto se “olvida” del asunto, la sustitución ataca a un bolsillo que hoy en día casi nadie tiene lleno, o implica estar trabajando “desinteresadamente” durante el tiempo que se establezca. Pero, no hay condición alguna. A no ser, claro está que se conceda y ni se pague o ni se cumpla con el régimen de trabajo establecido. Pero aquí radica la gran diferencia. La suspensión está condicionada a que no se delinca en un plazo, como ya expuse nunca inferior a los dos años. Es decir, que si por cualquier circunstancia se comete un delito de cualquier clase y naturaleza en ese período, ello implica automáticamente la revocación de la suspensión y el cumplimiento íntegro de la pena. Pongámonos por ejemplo la condena a una persona por un delito de lesiones. Una pelea. Se suspende la pena. Pasado un tiempo, y esto en la práctica es muy común, esta persona se olvida de que su pena está condicionada y comete un nuevo hecho delictivo (una alcoholemia p.ej.) o se ve en medio de una pelea que, a lo mejor, ni él mismo ha provocado y en la que solo actúa en legítima defensa. Pero, si resulta condenado (en el Juzgado no siempre se hace Justicia) ello implica el cumplimiento de la pena suspendida, y el de la impuesta por el nuevo delito cometido. Por eso es labor del letrado e incluso de los propios funcionarios del Juzgado, que se explique muy bien al interesado las consecuencias de la elección. En todo caso, tanto un método como otro, exigen disciplina y sobre todo un cambio de mentalidad para no volver a cometer hechos que puedan implicar dificultades añadidas a la ya por si, difícil situación actual. (leer todo)
  • Tema: Empresa April 3, 2014 por Felipe Crespo

    Derecho preventivo, más vale prevenir

    Me decía el otro día un amigo que a los abogados que estamos especializados en los ámbitos jurídicos que afectan al sector empresarial siempre nos va bien. Que cuando las empresas funcionan tenemos mucho trabajo y que cuando les va mal, también. Una reflexión demasiado general y del todo equivocada desde mi punto de vista. El sector de los despachos profesionales, por mucho que se dediquen a la empresa, también está sufriendo la coyuntura económica actual, guerra de precios, oferta en continua alza, demanda en descenso permanente, impagados,… muchos problemas de índole comercial, estratégico y, también, muchos casos difíciles o imposibles de resolver que generan tensiones y decepciones con el cliente que no acaba de entender tan compleja situación. La falta de la cultura del derecho preventivo que hay en nuestro país conlleva que en más ocasiones que las que desearíamos nos lleguen a la mesa del despacho expedientes como los citados anteriormente. El Derecho Preventivo se basa en un asesoramiento legal realizado antes de que el cliente lleve a cabo cualquier actuación de ámbito jurídico y que debe incluir, también, una visión y asesoramiento mercantil, estratégica, financiera, laboral, civil, etc. Sí, los abogados somos y debemos ser, también, asesores y no exclusivamente litigantes. Nuestro conocimiento del ordenamiento jurídico vigente unido a la experiencia y el conocimiento del mundo empresarial nos permiten ofrecer al cliente dictámenes preventivos que eviten o cuanto menos minimicen problemas en el futuro. Un ejemplo recurrente es la firma de productos financieros de forma apresurada sin analizar ni revisar las cláusulas del mismo. Lo que para el cliente, ahogado por una necesidad urgente de capitalización, puede resultar una buena operación puede acabar siendo del todo errónea de cara a asegurar la continuidad de la empresa si no se contemplan todos los condicionantes. Cuando firmamos un documento asumimos su contenido y, por tanto, sus consecuencias. Es nuestra responsabilidad la de fomentar el derecho preventivo y la mediación para que nuestros clientes entiendan sus beneficios. Nuestras principales misiones deben ser asesorar, anticiparnos y mediar ante el problema y litigar solo cuando sea la única vía posible para la defensa de los intereses de nuestros clientes. La mejor estrategia es tener clientes, no expedientes, por tanto, a través del derecho preventivo construiremos un fondo de comercio sólido e identificado con nuestra firma. (leer todo)
  • Tema: Inmobiliario April 3, 2014 por Emily Crespo

    Por qué te beneficia reclamar las cláusulas abusivas de tu Hipoteca a través de un Abogado

    Cláusula suelo, cláusula techo, IRPH, tipo Ceca, etc. son conceptos que a pesar de llevar bastante tiempo conviviendo con nosotros lo han hecho en un segundo plano prácticamente anónimo para la mayoría de la población. La reforma de la Ley Hipotecaria del pasado 15 de mayo, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que impugnaba el procedimiento seguido en España para la ejecución de hipotecas, las <a href="https://www.responsea.com/preguntas-respuestas/28-una-clausula-suelo-del-15-se-considera-abusivaademas-tengo-otra-clausula-donde-me-piden-unos-ingresos-minimos-mensuales-conforme-a-mi-nomina-del-2010-si-he-cambiado-de-trabajo-y-ahora-no-obtengo-esos-ingresos-es-justo-que-el-banco-ademas-me-suba-la-cuota-" title="Ver caso real de claúsulas abusivas">reclamaciones judiciales de los clientes afectados</a> y las sentencias dictadas en los últimos meses favorables a los mismos, han convertido en estrellas mediáticas a estos conceptos hipotecarios llevándolos al primer plano de la actualidad. Todo el mundo habla de ellos y, como pasa con la selección española de fútbol, todos llevamos "dentro" un experto en Hipotecas. Incluso, como acostumbra a suceder en este tipo de cosas que afectan a una gran parte de la población las leyendas urbanas, basadas en hechos reales pero magnificadas para aumentar su capacidad de persuasión, no han tardado en aparecer y siempre hay alguien que conoce a alguien que le han devuelto un montón de dinero y/o que incluso le han cancelado la hipoteca y ya no debe nada al Banco. Si bien es cierto que se están conseguido muchos avances en este sentido y ya hay <a href="https://www.responsea.com/preguntas-respuestas/3-en-las-noticias-he-visto-que-lo-de-la-clausula-de-suelo-es-ilegal-pero-en-mi-banco-me-dicen-que-ellos-no-la-quitan-donde-debo-denunciar-si-me-cambio-a-otro-banco-me-la-quitarangracias" title="Eliminar claúsulas abusivas">algunas personas que han conseguido eliminar las cláusulas abusivas</a> e, incluso, recibir los importes pagados de más con carácter retroactivo, como indica la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao de 21 de octubre de 2013, no hay que dejarse llevar por la euforia de las buenas noticias y pensar que es algo fácil o habitual tener éxito en esta cruzada. Los Bancos no están dispuestos a rendirse fácilmente, hay muchos millones de euros en juego, y por tanto son un rival duro, complicado y sobradamente preparado. La reclamación extrajudicial para conseguir llegar a un acuerdo directamente con el Banco es la estrategia más inteligente en un principio. En internet hay varias páginas web donde se describe y se detalla, de forma correctísima y fidedigna, los pasos a seguir para dicha reclamación que nos saldrá gratis si la efectuamos nosotros mismos. Una forma de actuar, desde mi punto de vista, desaconsejable para el cliente todo el incentivo de "coste cero" y que se basa en cuatro puntos: <h2 class="articulo">1. EMOCIONAL</h2> Embarcarte en una vorágine de papeleos, plazos, reclamaciones y visitas con el director del Banco es algo que alterará tu vida cotidiana y te producirá un estrés considerable, además, en este tipo de negociaciones es vital actuar con la cabeza y no con el corazón, algo que resulta muy difícil cuando es uno mismo quien está defendiendo los intereses de su familia. <h2 class="articulo">2. JURÍDICA</h2> No pongo en duda tus conocimientos sobre el tema, si has decidido interponer personalmente la reclamación seguro que te has informado bien, llevaras a cabo los pasos necesarios de forma diligente y presentaras correctamente las cartas que se han de presentar al banco pero donde te juegas el éxito es en las reuniones "cara a cara" con el director de la oficina o interlocutor válido que te asignen y es aquí donde estas en clara desventaja. Ellos tienen el soporte de sus equipos jurídicos y la experiencia de haber batallado ya en muchos casos como el tuyo, todo un hándicap para llegar a un acuerdo satisfactorio para ti. <h2 class="articulo">3. FORTALEZA.</h2> Tu incidencia como cliente en el global de fondo de comercio del Banco debe ser media/baja y, en muchos casos, muy baja, ello irá en consonancia con tu fuerza a la hora de negociar con el Banco. Caso contrario es si un abogado o despacho actúa en tu representación ya que a buen seguro estos dispondrán de más clientes en la misma situación que tú y podrán efectuar una negociación en igualdad de condiciones o, en ocasiones, con cierta ventaja. <h2 class="articulo">4. ECONÓMICA</h2> La intervención de a un abogado te permitirá también conocer las posibilidades de éxito y "tus puntos fuertes", elaborando, por tanto, una estrategia con, a priori, mayores garantías de éxito. Un buen abogado en esta materia debería realizar una evaluación gratuita de tu caso particular para después presentarte una propuesta de servicios acorde económicamente con lo que puedas conseguir y, en gran parte, supeditada al éxito de su actuación. En conclusión, es muy recomendable el realizar un estudio de los productos bancarios con tal de detectar posibles cláusulas o condiciones abusivas y, posteriormente, proceder en consecuencia, para proteger sus intereses personales. (leer todo)
  • Tema: Emprendedores April 3, 2014 por Felipe Crespo

    Principales medidas de la ley del emprendedor

    Transcurrido un mes de la publicación en el BOE de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización son todavía muchas las dudas que genera en cuanto a su efectividad y alguna que otra polémica al considerarse algunos colectivos perjudicados, como el de los autónomos con años de antigüedad ejerciendo como tal y que ven como ya no sólo tienen que afrontar la competencia desleal de la economía sumergida si no ahora tienen un nuevo contrincante que juega, de inicio, con mejores cartas al disponer de importantes descuentos en la cuota mensual de autónomos. Pero como “nunca llueve a gusto de todos” y “esa es otra historia”, hoy, y permítanme la redundancia, comenzaremos por el principio detallando brevemente los principales puntos de la nueva Ley, los que más repercuten en los pequeños empresarios, y dejaremos para más adelante el análisis más profundo del resto de las disposiciones.</br> <h2>1. Cuota reducida para nuevos Autónomos.</h2> La principal novedad es la puesta en marcha de la cuota reducida de 50€ durante los primeros 6 meses de actividad (recordemos que la base mínima de cotización es 256,72€) <strong>para nuevos Autónomos, independientemente de su edad</strong>, aparte de otros descuentos que van desde el 50 al 30% en meses sucesivos. <h2>2. Criterio de devengo en el IVA.</h2> ¡Por fin! Una de las medidas más reclamadas por autónomos y pymes, será efectiva a partir del 1 de enero de 2014<strong> y permitirá posponer el pago del IVA de las facturas no cobradas</strong> hasta que no se haya producido el cobro de las mismas. <h2>3. Sociedad Limitada de Formación Sucesiva.</h2> La posibilidad de <strong>crear una sociedad con un capital inicial cero</strong> puede parecer, en principio, una buena medida para impulsar la creación de nuevas sociedades, pero resulta del todo lógico pensar que si desde un principio no se pueden conseguir 3.000€ para aportar al capital social, estamos ante un proyecto débil con pocas garantías de éxito. <h2>4. Emprendedor de responsabilidad limitada.</h2> Bajo mi punto de vista es una de las nuevas medidas que más me gustan de la Ley ya que acaba con la indefensión de los pequeños empresarios y autónomos, que tenían que responder las posibles deudas con su patrimonio personal arriesgando, así, su estabilidad familiar. De esta forma y tras previa inscripción como “Emprendedor de Responsabilidad Limitada” <strong>podrán proteger su casa siempre que está no supere los 300.000€</strong> (requisito que limita los beneficios de esta buena iniciativa.) <h2>5. La Segunda Oportunidad del emprendedor.</h2> Decia Orison S. Marden que "No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos". La nueva Ley de Apoyo a los Emprendedores parece haber recogido el guante del escritor norteamericano para permitir a los emprendedores que fracasen en su primer proyecto empresarial puedan negociar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos a dos años con condiciones que le puedan permitir la puesta en marcha de una nueva iniciativa. La nueva Ley ofrece más disposiciones interesantes como el visado para emprendedores o las deducciones fiscales para business angels que seguiremos describiendo y analizando en próximos artículos. (leer todo)
  • Tema: Accidentes April 3, 2014 por Miguel Ángel Rivera López

    Indemnización por accidente de tráfico ¿Cómo actuar?

    Si sufres lesiones a causa de un accidente de tráfico es importante que conozcas <a href="https://www.responsea.com/preguntas-respuestas/14-tuve-un-accidente-de-trafico-con-el-diagnostico-esguince-lumbar-onalgia-derecha-y-cervicalgia-aguda-7-consultas-medicas-tratamiento-reposo-analgesicos-y-relajantes-musculares-y-19-sesiones-de-rehabilitacion-me-ofrecen-940-euros-y-creo-q-me-corresponde-mas-indemnizacion-puedo-reclamar" title="Derecho a reclamar tras un accidente de tráfico">tu derecho a reclamar una indemnización justa</a> a la compañía de seguros.</br> La mayoría de las personas no tienen muy claros los pasos a seguir y el trato con las aseguradoras no siempre es fácil, sobretodo cuando hablamos de compañías que limitan su atención al cliente al teléfono. En estos casos lo mejor es que el perjudicado acuda a un abogado especializado en accidentes de automóvil que se encargue de todos los trámites y luche por obtener la máxima indemnización. Si no has sido el conductor responsable del accidente o eres ocupante de uno de los vehículos implicados en la colisión, tienes derecho a cobrar indemnizaciones del responsable del accidente.</br> Existen dos vías para reclamar esa indemnización: </br><h2 class="articulo">Vía extrajudicial:</h2></br> En este caso no hace falta acudir a juicio ya que se negocia directamente con la aseguradora la indemnización a recibir. Según la legislación actual la compañía de seguros tiene un plazo de 3 meses desde que recibe la reclamación para presentar, de entender acreditada la responsabilidad y la cuantificación del daño, una <strong>"OFERTA MOTIVADA"</strong> de indemnización. </br> Esa oferta debe contener, de forma desglosada y detallada, la propuesta de indemnización tanto por los daños personales, como por los daños causados en los bienes, y en ésta debe hacerse constar los documentos, informes o información que haya tenido en cuenta la aseguradora para su valoración, de tal forma que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.</br> De igual modo viene obligada la aseguradora a hacer constar en su oferta que el pago del importe ofrecido no lo condiciona a la renuncia del perjudicado al ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.</br> Si la aseguradora no efectúa la oferta motivada o si aceptada no paga en el plazo de cinco días, se devengarán intereses de demora para la aseguradora, siendo su actuación susceptible de ser administrativamente sancionada. </br> <h2 class="articulo">Vía judicial:</h2> <strong>Procedimiento penal: </strong>en este caso se tiene que interponer una denuncia, siendo para ello preciso que la víctima haya sufrido lesiones. La denuncia se debe interponer en un plazo máximo de 6 meses desde el accidente.</br> Para poder determinar cuál es la indemnización económica que le corresponde a la víctima de un accidente se acordará el reconocimiento médico forense del lesionado, emitiendo dicho profesional un informe que sirve para fijar la indemnización a reclamar.</br> Esa indemnización variará en función de: - Los días de curación y/o de estabilización lesional - incluye días hospitalarios (días en los que estuvo ingresado), días impeditivos (en los que estuvo impedido para el desarrollo de sus ocupaciones habituales) y días no impeditivos (en los que, pese a poder hacer vida normal, sigue el lesionado en proceso de curación de sus lesiones) - Lesiones permanentes - secuelas que hayan podido quedarle. <strong>Procedimiento civil: </strong>es la única vía cuando sólo se han sufrido daños materiales o si han pasado 6 meses desde el accidente y ya no se puede acudir a la vía penal. En el caso de que la víctima haya sufrido daños corporales es aconsejable contratar los servicios de un perito especialista en valoración del daño corporal.</br> Es muy importante que la víctima de un accidente de tráfico esté asesorada por un abogado especializado en la materia durante todo el proceso ya que éste le orientará sobre cuál es la mejor vía para conseguir una indemnización justa. (leer todo)

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